La Asociación Mexicana de Derecho a la Información, amedi, realizó una evaluación sobre el modelo de comunicación político electoral en nuestro país, producto de la reforma constitucional en la materia en 2007. Si bien ese modelo se estrenó con las elecciones intermedias de 2009, su gran prueba fueron las elecciones federales y concurrentes de 2012.
Ante las permanentes acusaciones de diversos actores, pero especialmente de los concesionarios de la industria de la radio y la televisión, de que era una ley que violaba la libertad de expresión, la amedi desarrolló este estudio para determinar las afectaciones que tuvo a este derecho el llamado nuevo modelo de comunicación política electoral.
La investigación se basó en el estudio de las resoluciones del Tribunal Electoral relacionadas directamente con casos controvertidos referidos a supuestas afectaciones al ejercicio de la libertad de expresión, que generaron posteriores reglamentaciones para la actuación de los medios, partidos políticos y candidatos. Además, mediante un observatorio de medios analizó el comportamiento de la televisión en el proceso electoral de 2012, las campañas políticas de los candidatos a la Presidencia y el desarrollo de los debates presidenciales.
Las conclusiones del estudio son reveladoras, evidencian que todos los actores (partidos políticos, medios electrónicos y hasta las mismas autoridades electorales) han tratado de evadir la ley, ya sea por acción o por omisión. Asimismo, confirman que en el modelo de comunicación política cambiaron las reglas al prohibir la contratación de espacios para evitar que el dinero determine quién debe tener más exposición a los medios; pero no ofrece nada nuevo en cuanto a la hegemonía del spot para seguir promoviendo las plataformas políticas, que obstaculizan el debate crítico.
De acuerdo con las conclusiones de amedi, se ha tenido un cierto avance en el camino par expresión.