Revista Versión. Estudios de comunicación y política - Estudios de comunicación, política y cultura

Hacia el proceso electoral del 2012

Dolly Espínola* y Edgar Esquivel**

 

Una observación preliminar indica que las imágenes no mienten. Sin embargo, pueden mentir tanto como las mentiras verbales. Por ejemplo, hay una foto de una persona matando a otra, pero no se sabe ni el nombre del asesino ni las circunstancias en las que disparó, esa información no es proporcionada por la imagen. Giovanni Sartori.

El tema de la video vigilancia, sus procesos e implicaciones, tiene desarrollos importantes sobre todo en contextos donde su utilización es un componente básico de las políticas de seguridad. Este trabajo propone una aproximación en la que convergen los problemas relacionados con los usos políticos de las TIC y el diseño de estrategias discursivas para la construcción del consenso y la legitimidad del poder político en México en el marco del proceso electoral del 2012.

 

En la actual crisis que vive el país y ante el tratamiento informativo de la situación de inseguridad, las tecnologías de registro y reproducción de la imagen representan instrumentos de legitimación del poder, del orden social y de la eficacia de la acción de gobierno, quien utiliza y transfiere a la video vigilancia el control sobre el espacio público.

La seguridad representa el mayor reto para la gestión y la reproducción del sistema político, la video vigilancia es un recurso de alta rentabilidad en la búsqueda de consensos sobre la eficacia de la acción gubernamental.

 

Video surveillance is becoming more important in social investigation; the analysis of its processes and social, economic, and political implications has several important developments, specially in countries where the massive use of them is a central component of national security policies. This paper is intended to set an approach to the subject, in order to relate the problems that come from the use of ICT as well as the discourse strategy design for the construction of consensus and legitimacy of the political power looking forward the presidential elections in Mexico in 2012.

The security represents the biggest challenge for public management and the reproduction of the political system, video surveillance has become a highly profitable political strategy in the search of consensus over the efficacy of government’s action. In the institutional crisis that faces the mexican state and in answer to the media information management about the insecurity situation in the country, the image registration and reproduction technologies represent tools and scenarios for the legitimation of power, social order, and effective government action that uses and transfers to video surveillance the power to control public spaces.

Safety is the biggest challenge for the management and reproduction of the political system, video surveillance is a highly profitable resource in the search for concensus on the effectiveness of action of government.

 

Combatir la inseguridad y atender las necesidades de una buena parte de la población en situación de pobreza, son dos de los temas decisivos para la agenda política y social durante el proceso electoral mexicano del año 2012.

En ese contexto, los acontecimientos recientes en los países árabes representan la prueba más clara del potencial movilizador de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC). El uso social y eficaz de los sistemas tecnológicos en dichas naciones es, sin duda, un elemento fundamental para la construcción de las estrategias de lucha por el poder político.

Pese a que Latinoamérica se caracteriza por su riqueza histórica y cultural, existen altos niveles de pobreza y desigualdad, tanto en lo referido al tema de los satisfactores básicos, como al acceso a la tecnología.

En la lógica discursiva de producción económica de las TIC, los usos políticos y sociales se asientan, casi de manera inevitable, en el aura de objetividad y eficacia que se les confiere al incorporarse a diversos procesos de registro, organización y sistematización de grandes cantidades de información para la realización de tareas de diversa índole. Sin embargo, su importancia en la construcción del escenario social mantiene vigentes los problemas de acceso y alfabetización digital, sobre todo cuando la racionalidad científico-tecnológica aparece impuesta como la única ruta de tránsito hacia la explicación de los procesos en los que se incorporan los dispositivos técnicos.

Si bien, las tecnologías apuntan y definen nuevas formas de percibir y construir el mundo, la explicación de sus procesos de uso y apropiación se da de manera diferenciada según el contexto y no sólo a partir de la lógica instrumental.

A partir de lo anterior, se lleva a cabo un trabajo de seguimiento sobre los rasgos que caracterizan la construcción de las estrategias discursivas del poder político rumbo al proceso electoral del año 2012 en México; particularmente aquellas relacionadas con atender la problemática de la violencia e inseguridad crecientes que vive el país.

En primer lugar, se presentan algunos elementos que contribuyen al análisis sobre la forma en que el sistema político utiliza los dispositivos tecnológicos de registro de la imagen con el fin de mantener el control y aparente resguardo del espacio público. Si bien, el tema del control y la vigilancia social no es un asunto nuevo y se ha documentado de manera importante, en términos generales, la video vigilancia representa un problema teórico y de análisis empírico que requiere de aproximaciones en sus dimensiones y aspectos éticos, legales y de políticas públicas (Arteaga, 2009).

Desde una perspectiva general, este problema se empieza a posicionar como resultado de eventos, visiones y políticas públicas que tienen como telón de fondo la idea de la amenaza permanente en que viven las megaciudades. Actos terroristas, crimen organizado vinculado al narcotráfico, infiltración y debilitamiento de las instituciones del Estado, intervienen de manera directa en el diseño de nuevas formas de gestión de la seguridad global, regional y local.

Después de los atentados terroristas del 2001 en los Estados Unidos, las políticas vinculadas a la protección y resguardo de la seguridad nacional sufrieron fuertes modificaciones. La idea de que el Estado norteamericano estaba perdiendo el control, incluso sobre su propio espacio aéreo y que se encontraba bajo la indefensión, hizo necesaria la transformación de las estrategias que devolvieran la certidumbre ante la incapacidad de brindar protección y seguridad a la población civil. Al respecto, resulta pertinente el señalamiento de Mattelart:

La multiplicación de las medidas de excepción en el marco de la “guerra global” contra el terrorismo se ha conjugado en el marco de los países democráticos a raíz del 11 de septiembre de 2001 con la creciente injerencia de los dispositivos de vigilancia en la vida cotidiana de los ciudadanos. A más seguridad, más tecnología: la cuestión de la seguridad del riesgo se va convirtiendo en una cuestión de técnicas. (Mattelart, 2009: 11).

Así, las estructuras institucionales del poder político acuden al diseño de políticas públicas que reconfiguran su relación con la sociedad mediante el uso de dispositivos técnicos capaces de extender la capacidad de ‘ver’ e incrementar el margen de certidumbre sobre el control del espacio.

En 1996, Norberto Bobbio ya advertía sobre la paradoja resultante de una sociedad que demanda mayor protección al Estado. Como un elemento inherente al reclamo de seguridad, se demanda el incremento de los recursos para la defensa, implicando más armamento que controle y reprima con mayor fuerza —además de las consecuentes violaciones a los derechos civiles y la transgresión de las fronteras entre lo público y lo privado—.

La dinámica que resulta es que los temores y miedos crecen. Las amenazas provienen del ‘otro’, de esa construcción colectiva que se da a través de los miedos y que está permanentemente en la agenda mediática. En el caso mexicano la amenaza no proviene del exterior, es interna, el discurso gubernamental lo liga directamente al narcotráfico y al crimen organizado.

Los miedos de la gente contienen una expresión sobresaliente: el miedo al delincuente. La delincuencia es percibida como la principal amenaza que gatilla el sentimiento de inseguridad. Sin ignorar las altas tasas de delitos en todas las urbes latinoamericanas, llama la atención que la percepción de violencia urbana es muy superior a la criminalidad existente. Por ende, no parece correcto reducir la seguridad pública a un "problema policial". Probablemente la imagen del delincuente omnipresente y omnipotente sea una metáfora de otras agresiones difíciles de asir. El miedo al delincuente parece cristalizar un miedo generalizado al Otro. Varias razones alimentan esa desconfianza en las relaciones interpersonales. (Lechner, 1999: 181).

Por su parte, los medios y en particular la televisión, llevan a cabo un recuento permanente de los actos violentos que se registran, lo cual provoca un clima que incrementa el impacto social de la violencia.

Reconocer que las TIC representan instrumentos y escenarios de legitimación del poder y el orden social, es el punto de partida para llevar a cabo el seguimiento sobre el uso y valoración que adquieren los recursos técnicos en general, y de video vigilancia en particular, en los programas de desarrollo y acción gubernamental en la Ciudad de México.  La construcción de argumentos sobre la adecuada gestión del gobierno, particularmente vinculada al problema de la seguridad, encuentra en el uso de las TIC un elemento importante para lograr una valoración positiva de los ciudadanos mediante la utilización de los argumentos de la neutralidad y eficacia tecnológica.

 

Registro, vigilancia y seguridad

Las implicaciones del uso de los sistemas digitales, como extensión de la capacidad de vigilancia y control social mediante la intervención del espacio público, han sido descritas desde perspectivas que apuntan a señalar su gran utilidad en el desarrollo del proyecto neoliberal. No obstante, en la construcción de las instituciones del Estado, los sistemas de registro, vigilancia y seguridad tienen una importancia clave. La gestión del poder en el desarrollo de la modernidad ha supuesto múltiples formas de registro, almacenamiento y construcción de archivos que ofrecen información privilegiada. Así, el control de y sobre el/los acontecimientos se vuelve un problema de diseño, registro y acceso a la información que adquiere el carácter de evidencia judicial, de prueba sobre lo distinto y, por lo tanto, peligroso.

En relación con el acceso a la información, es necesario considerar que el diseño de los criterios reguladores en torno a quién y cómo se accede a los archivos integrados con la información obtenida, resulta de decisiones políticas ajustadas a una racionalidad estratégica. De modo que, sólo algunos tienen acceso a información organizada de cierta manera, para darle a ésta el estatus de verdad que la convierte en saber, en recurso de control y ejercicio del poder.

Por otro lado, se encuentra el problema de la objetividad de la imagen. El desarrollo de las tecnologías de reproducción de la imagen son una herramienta vital para la construcción de la realidad, la imagen ocupa su lugar, sustituyéndola en el proceso de representación social. No obstante que la producción de la representación visual siempre ha sido objeto de manipulación —sea sólo por la elección del punto de vista, o bien, por la disposición que actualmente existe de los recursos digitales que permiten editar el registro visual— la credibilidad le sigue siendo consustancial.

Pero la imagen no sólo es registro, adquiere el carácter de prueba de ‘lo real’ y por ello su fundamento de validez y objetividad. Con el desarrollo de las tecnologías de lo visual transitamos hacia el mundo de la realidad objetiva, de la reconstrucción del tiempo, del lugar y del hecho. De ahí que los mismos sistemas de registro y reproducción de la imagen llevan a la construcción de sus límites ante la evidencia de su fuerza. Por ejemplo, al inicio del siglo XX, esa fuerza ya era objeto de censura, lo cual dio lugar a decisiones cuyas implicaciones no dejan duda sobre la importancia que se le atribuye.

Al crearse en noviembre de 1912 el British Board of Film Censors, para censurar las películas cinematográficas que pretendían exhibirse en el Reino Unido, sus dos únicas normas explicitadas fueron la prohibición del desnudo y de la representación de Jesucristo. Este curioso y aleccionador aparejamiento de tabúes, sacro uno y profano el otro, resulta llamativo si se tiene en cuenta que ambos temas habían sido objeto de tratamiento exhaustivo en la pintura y en la literatura. (Gubern, 2004: 9).

La tecnología de la imagen aparece con una racionalidad propia, que resignifica la construcción de la memoria, la percepción y la experiencia a través de lo visible. Es en este sentido que la vigilancia y el control ejercido como resultado de múltiples dispositivos de registro de la imagen, adquieren un valor central en el ejercicio de poder. Para Foucault, el poder es una relación entre parejas, sean individuales o colectivas, un modo de acción de unos sobre las acciones de los otros, sean éstas acciones presentes, eventuales o futuras. Y para dar cuenta de esas relaciones propone observar varios elementos en los que está la determinación de los instrumentos con que se ejerce, ahí se encuentran el control y la vigilancia. (García, 2005: 37-39)

Mattelart señala que los métodos de registro desplegados para mantener el control, o todos los dispositivos utilizados para vigilar, actúan a favor de la gestión del poder y de su reproducción.

En el plano de las mentalidades colectivas, se ha creado una suerte de habituación que ha ampliado los umbrales de la tolerancia y ha hecho que muchos consientan, muchas veces sin siquiera darse cuenta, importantes abandonos de su esfera privada y de sus derechos fundamentales. (Mattelart, 2009: 252).

Así, la utilización de la video vigilancia reconfigura no sólo la esfera de lo público, sino que convierte al conjunto de la sociedad en sujeto permanente de sospecha y, al mismo tiempo,  en sujeto vigilante. Aunque no es posible asegurar que con los sistemas de control disponibles existen mejores formas de seguridad, sí es probable reconfigurar nuevas formas de ejercicio del poder político y de ahí su importancia como instrumentos.

En esta lógica, la construcción discursiva del poder político sobre la tecnificación de la seguridad apunta a la necesidad de legitimar la acción pública mediante una trama argumentativa basada en la idea de la eficacia y neutralidad tecnológica. Sin embargo, esta visión enmascara un ángulo preocupante, pues al generar un proceso de resignificación del espacio público como sitio para la desconfianza permanente, se invierte la máxima de la presunción de inocencia, de libertad que debe gozar todo ciudadano en su actuar cotidiano, y se transita hacia la sospecha como práctica habitual. Los sistemas de video vigilancia pública ‘nos cuidan de la criminalidad’ en un  ejercicio de vigilancia de doble acepción: ‘me cuidas’ a la vez  que ‘sospechas y me controlas’.

Desde la arquitectura carcelaria del panopticom hasta la instalación de cámaras de video vigilancia en prácticamente todas las megaciudades, el problema de la utilización de dispositivos técnicos al servicio de la seguridad, tiende a ser visto desde la dimensión de la administración y la gestión de lo social. Esto supone formas particulares de establecer vínculos entre los gobernantes y los gobernados, las cuales, invariablemente, tienen en la construcción de las estrategias discursivas del poder político su ámbito de validez.

Consecuentemente, no es posible disociar la utilización de los recursos técnicos del contexto de uso, pues es ahí donde se construye su legitimidad y se les otorga valor a medida en que se erigen como formas de intervención y control en la esfera pública y privada, donde lo importante es el registro más allá de sus implicaciones y acaso su eficacia, para contender con los problemas que se combaten.

Llama la atención que en el Reino Unido existen alrededor de un millón de cámaras de seguridad, lo que convierte a ese país en el ejemplo más evidente de la esquizofrenia que reconfigura actualmente el espacio público (Waiton, 2010: 68). En este caso un ciudadano común que en un día cualquiera se desplaza a su trabajo por la mañana de ahí, a un lugar público por la tarde, a otro distinto por la noche y de regreso a su casa, puede ver plasmada su imagen cientos de veces en un banco de datos que registra los rostros de quienes se desplazan por el espacio público: calles, plazas, almacenes, autobuses y metro ¿libertad carcelaria?

En contraparte, en un informe sobre la efectividad del uso de video cámaras en el Reino Unido, presentado por el Partido Liberal en 2007, se indica que no existe evidencia de que a mayor número de cámaras se dé una disminución en el índice de criminalidad. Este dato coincide con los resultados de otro estudio desarrollado en Gran Bretaña en 2005 (Gill, 2005).

Podemos señalar que un aumento tan considerable en la asignación de recursos de todo tipo al despliegue de tecnologías y al desarrollo de sistemas de video registro, se explica por el desbordamiento de la problemática de la seguridad que afecta el orden global. Al tiempo que cierta racionalidad técnica se impone ante la capacidad para construir grandes bases de datos con información relevante para agencias publicitarias, de seguridad, partidos políticos, instituciones gubernamentales, organizaciones sociales, etcétera. En cualquier caso:

Las nuevas tecnologías de información permiten innovar y al mismo tiempo reactivar y “modernizar” antiguos procedimientos y protocolos para adaptarlos a una sociedad percibida en lo sucesivo como nómada o móvil… La regla de la escalada tecnológica que lo controle todo justifica el despliegue de un arsenal siempre más sofisticado, sin alcanzar por ello la eficacia esperada. (Mattelart, 2009: 234-235).

Otro ejemplo significativo es el de España, de acuerdo con la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), el número de cámaras en ese país se triplicó entre 2007 y 2008, pasando de 5 mil a 15 mil. ¹

Sin duda, el considerable aumento en la asignación de recursos de todo tipo al desarrollo de sistemas de video registro se explica por el desbordamiento de la problemática de la seguridad que afecta el orden global. Al tiempo que cierta racionalidad técnica se impone ante la capacidad para construir grandes bases de datos que contienen información relevante para agencias publicitarias y/o de seguridad, partidos políticos, instituciones gubernamentales, organizaciones sociales, etcétera.

 

El escenario de la inseguridad

Dada la magnitud de la inseguridad que enfrenta México, es necesario establecer políticas que no atenten contra la seguridad de derechos fundamentales en un escenario caracterizado por el descrédito institucional. El despliegue tecnológico se acompaña de estrategias discursivas que justifican su uso y enmascaran la ineficacia en la búsqueda de la legitimidad. A fin de contar con elementos para el análisis, a continuación se presentan algunos datos que permiten ubicar un marco de referencia sobre la dimensión del problema en el centro de la contienda por el poder político. En América Latina el resultado de un estudio realizado por el Latinobarómetro (1995), registró desde entonces que el problema de la delincuencia es considerado uno de los dos más importantes:

La agenda de América Latina, definida como el problema más importante, ha estado marcada desde 1995 por dos problemas principales. Por una parte, el problema del desempleo que aumentó de manera sostenida entre 1997 al 2004 de 19% a 30%, y comienza a bajar desde el año 2005 hasta el 2008, llegando 15%, su punto más bajo desde 1995. El segundo problema principal ha sido la delincuencia que ha aumentado desde el 5% en 1995 a 19% en el 2008. El quinquenio virtuoso de crecimiento hizo que ambos problemas llegaran a tener el mismo nivel de importancia en el año 2008 (Latinobarómetro, 2010: 72-73).

Como se indica en la Gráfica 1, la delincuencia oscila entre incrementos reales y un aumento en la percepción de la sociedad sobre el índice delictivo. El homicidio es considerado el peor flagelo para la sociedad, aunque se debe tener en cuenta que se registran otros delitos, los cuales en conjunto inciden en la percepción ciudadana sobre la criminalidad como uno de los dos grandes problemas de la región.

 

Gráfica 1. Latin America and The Caribbean, 1995-2008
Total recorded intentional homicide, completed, rate per 100,100 pop.

Fuente: Elaboración propia con base en la Homicide rate dataset “Latin America and the Caribbean" del Banco Mundial. 
Total recorded intentional homicide, completed, rate per 100,000 pop.” (1995-2008)

En los datos sobre el índice de homicidios se observan tres tendencias en los nueve países seleccionados. La primera es la de los países que registran un incremento, entre ellos se encuentran: Venezuela, El Salvador y Guatemala.

La segunda se da en los países que mantienen promedios estadísticos más o menos similares para el periodo de 13 años analizado, entre estos se encuentran: Brasil, Colombia y México. No obstante, Colombia y Brasil registran tendencias a la baja, siendo la más notoria la tasa colombiana que descendió una tercera parte durante el periodo.

El tercer conjunto es el de los países con las tasas más bajas de la región, entre los que se ubican: Argentina, Chile y Bolivia. En este escenario vale la pena resaltar que México se encuentra entre los países con una tasa intermedia (2/3) de homicidios como se muestra en la Gráfica 2.

Gráfica 2. Número de homicidios en nueve países de América Latina
(Calculado por cada 100 mil habitantes)

Fuente: World Bank, Homicide rate dataset “Latin America and the Caribbean.
Total recorded intentional homicide, completed, rate per 100,000 pop.” (1995-2008)

Por lo anterior, llama la atención que en la agenda de noticias sobre México, a lo largo del 2010, en diversos diarios de otros países como el New York Times, El País y El Clarín, existe la tendencia a destacar la nota roja sobre otros temas de la vida pública del país.

Esta situación ha generado que la Ciudad de México sea una de las entidades del país que más recursos ha destinado para la instalación y difusión del programa de video vigilancia como respuesta a la criminalidad que se registra. Sin embargo, en las gráficas siguientes se puede observar que existe un desfase entre los datos que dan cuenta del problema de la seguridad y el modo en que los ciudadanos la perciben.

De acuerdo con datos del INEGI, la percepción sobre el nivel de inseguridad en la Ciudad de México se ha incrementado sensiblemente en los últimos años.

Grafica 3. Población de 18 años y más, por entidad federativa según  percepción de la inseguridad en la entidad federativa, municipio y ciudad y su distribución porcentual. Agosto 2010.

Fuente: Elaboración propia con base en la “Encuesta Nacional sobre Inseguridad 2010” INEGI (2010)

Como se puede observar en la Gráfica 3, la percepción de la inseguridad en la Ciudad de México es sensiblemente más alta que en el resto del país. Al mismo tiempo, se da un incremento significativo del nivel de desconfianza hacia las autoridades judiciales y cuerpos de seguridad. Las razones son diversas. Por ejemplo, la Encuesta Nacional de Cultura Política (ENCUP 2009), que realiza la Secretaría de Gobernación, destaca que tan sólo un 26% de los ciudadanos encuestados afirmaron confiar “mucho” o “algo” en la policía. El dato preocupa, si tomamos en cuenta que el promedio que recoge la Encuesta Mundial de Valores (EMV) 2005-2008, registra un 56% en el mismo indicador, poco más del doble en el índice de confianza.

De manera contradictoria, México cuenta con un promedio de policías superior a otros países y la industria de la seguridad ha crecido considerablemente. Expertos señalan que, de las aproximadamente 10 mil empresas existentes, poco más del 20% operan en la Ciudad de México. (Wonddratschke, 2007: 9).

De ahí que un problema central para la construcción del discurso político, se ubica en el debate sobre si el clima de inseguridad existente se trata de un asunto de percepción generada a través de los medios de comunicación o se corresponde necesariamente con hechos concretos. El propio gobierno federal ha recriminado a los medios su labor informativa, al considerar que la construcción de la agenda mediática contribuye de manera importante a la representación social de México como un país sumido por completo en un clima de inseguridad.

Sin entrar en el tema de las cifras negras, reconocidas como los delitos que no son denunciados y atendiendo exclusivamente a las denuncias hechas a través de los causes institucionales, en la Gráfica 4 podemos observar que el repunte en el número de delitos se genera a partir del año 2007 y perfila una tendencia creciente hasta el 2009. Esto indica el inicio de un periodo de creciente criminalidad que, al parecer, se propone tener un lugar cada vez mayor en la agenda mediática.

Gráfica 4. Denuncias en General de todos los delitos (1997-2009)

Fuente: Elaboración propia con base en “Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública” (2010).  Información actualizada y entregada al ICESI.

De acuerdo con los datos, hay un incremento en la criminalidad; sin embargo la dimensión del problema se presenta con una magnitud mayor como resultado del tratamiento mediático que incide directamente en los niveles de percepción. Lo interesante para el caso de la Ciudad de México es que el problema sigue siendo bajo comparado con el año de 1997, cuando se registró el pico más alto. Por lo que la percepción ciudadana es mayor respecto al incremento registrado según se muestra en la Gráfica 5.

Grafica 5. Percepción del comportamiento de los delitos.

Fuente: Elaboración propia con base en la “Encuesta Nacional sobre Inseguridad 2010” INEGI (2010)

El escenario general de inseguridad que vive el país, pone en el centro de la agenda electoral la necesidad de definir políticas y estrategias de gobierno que, de manera efectiva, hagan frente a esta problemática. La complejidad del reto permite ubicar con mayor claridad las posiciones que apuntan en el sentido de atender a las causas de la descomposición social y no únicamente a sus manifestaciones evidentes, entre las que destacan, por ejemplo, el inquietante aumento de los jóvenes en la comisión de delitos.

En un primer rastreo sobre el valor que el Gobierno de la Ciudad le otorga al uso de las tecnologías digitales, se puede observar una racionalidad discursiva que presenta a dicha incorporación envuelta en una eficacia de suyo natural y que no corresponde a la complejidad de los problemas. ²

En cuanto al sistema de video vigilancia que se da en el marco del Proyecto Bicentenario Ciudad Segura (2007), se “contempla la instalación de 8 mil cámaras de video vigilancia en toda la ciudad, con la finalidad de incrementar los canales de supervisión de lo que sucede en las calles, principalmente de los puntos de reunión de la ciudadanía, como escuelas, parques, plazas comerciales, entre otros”. ³

Esto apunta a que las políticas vinculadas a la digitalización de procesos y servicios, así como el uso de las TIC, corresponden a una racionalidad que traslada a la tecnología el poder de control y disuasión en acciones que representan riesgos para la seguridad en los entornos de alta violencia que vivimos.

De las poco más de 8 mil cámaras que, de acuerdo con el programa inicial se pretendía instalar al término de la gestión de gobierno en el año 2012, en agosto del 2010 ya operaban poco más de 5 mil.

La Estrategia Integral de Seguridad desplegada por el Jefe de Gobierno, señala que “para la Ciudad de México la seguridad de cada uno de nuestros habitantes así como las herramientas necesarias para llevar a cabo una buena procuración de justicia es una prioridad. Creamos y fortalecimos programas que nos permiten cada día que la gente de nuestra ciudad se sienta más segura dentro de su Ciudad de México". ⁴

Esta primera aproximación a la caracterización que en el discurso se hace  sobre el uso de los dispositivos digitales pone de manifiesto una doble problemática. Por un lado, la falta de recursos para la atención del problema que deriva en la violencia creciente y en el incremento de empresas de seguridad privada al servicio tanto del sector público como del privado. Por otro lado, se evidencia el uso de argumentos que sobrevaloran el papel de los recursos técnicos al ser incorporados como herramientas en procesos de diversa índole.

A partir de la observación preliminar, es previsible que la percepción ciudadana sobre el uso de la video vigilancia no será un factor de importancia para mejorar las condiciones de seguridad. De hecho, algunos acontecimientos recientes ponen de manifiesto el fracaso del uso del registro videográfico como prueba de culpabilidad y contribuyen a poner en duda la confianza y la credibilidad en las autoridades.

El momento que atraviesa el país hace cada vez más evidente la ineficacia de los cuerpos de seguridad, que se encuentran infiltrados por la delincuencia organizada y, dado que no se cuenta con los recursos necesarios para el desempeño adecuado de su tarea, el poder político requiere de instrumentos y sistemas de comunicación que ofrezcan otras vías de solución. En el plano de la racionalidad instrumental la tecnificación es una ruta. Así lo indica la primera fase de análisis sobre la construcción argumentativa que soporta el uso y expansión de los recursos digitales, en particular de los sistemas de video vigilancia en la Ciudad de México. En la construcción de estrategias discursivas, se advierte la transferencia de la solución al problema a los procesos de tecnificación; pero en la percepción ciudadana, resulta previsible un mayor desdibujamiento de la frontera entre lo público y lo privado, vista como inherente al proceso de desarrollo tecnológico.  

 

 

Notas

(*) Profesora-investigadora en el Departamento de Ciencias de la Comunicación de la UAM Cuajimalpa. México.
Contacto con Dolly Espínola: Esta dirección electrónica esta protegida contra spambots. Es necesario activar Javascript para visualizarla tel. 91776650 ext. 6956

(**) profesor-investigador en el Departamento de Ciencias de la Comunicación de la UAM Cuajimalpa. México.

¹ En 2009, la Agencia Española de protección de datos publicó la Guía de Videovigilancia. En el  documento se definen algunos límites y recomendaciones que, de acuerdo con su sistema legal, regulan su uso a fin de proteger y garantizar el derecho de los sujetos a conservar su derecho a la privacidad. Disponible en [http://www.agpd.es:8080/ximfind_buscador_nuevo/resultados-ides-idjsp.jsp?query=guia+de+videovigilancia&x=0&y=0&hitsPerPage=10&lang=es&hitsPerSite=0] Fecha de consulta: 9 de octubre de 2010.

² Por ejemplo, al crearse el proyecto de la Red Convergente Metropolitana (RCM) con el que se pretende ofrecer servicio gratuito de Internet en la Ciudad. La información oficial publicada señala que,  con la instalación de la RCM, “… la administración local planea hacer del D.F. una ciudad moderna y funcional…” Disponible en [http://www.gobiernodigital.org.ar/texto.asp?are=19&idf=265] Otro ejemplo es el que se refiere a la instalación de aulas digitales en las escuelas de educación básica. Según los datos gubernamentales, se instalan aulas en mil 711 escuelas y se pretende llegar a 4 mil 800, lo importante es el modo en que Jefe de Gobierno presentó el logro alcanzado en el discurso correspondiente: “… se han logrado incrementos en el desempeño de las niñas y los niños verdaderamente impresionantes en muchas escuelas, …” Disponible en: http://wradio.com.mx/nota.asp?id=1347417

³ El Gobierno de la Ciudad realizó un convenio de colaboración con el Instituto Politécnico Nacional en septiembre de 2007 para la supervisión de la instalación del sistema de video vigilancia. Disponible en: http://portal.ssp.df.gob.mx/portal/comunicacionsocial/boletines/boletines2007/septiembre/b13152007.htm

⁴ IV Informe de Gobierno 2010, Marcelo Ebrard. Disponible en: http://www.ciudaddevanguardia.com/seguridad/ciudad-segura

 

Referencias

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Bobbio, N. (1999), La sociedad civil. Estado, gobierno y sociedad, Ciudad de México, Breviarios del FCE.

García, I. (2005), Foucault y el poder, Ciudad de México, UAM-X, 1ª reimpresión.

Gubern, R. (2004), Patologías de la imagen, Barcelona Anagrama.

Latinobarómetro (2009), Informe 2009, Santiago de Chile. Disponible en: http://www.latinobarometro.org/latino/latinobarometro.jsp

Lechner, N. (1999), “Nuestros miedos”, revista Perfiles latinoamericanos. Diciembre 1999, No. 13.  Disponible en: http://redalyc.uaemex.mx/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=11501307

Mattelart, A.(2009), Un mundo vigilado, Barcelona, Paidós.

Mier, R. (2010), Registro y archivo como régimen de gobernabilidad: la modernidad hacia nuevas estrategias de control, Ciudad de México, revista Mimeo.

Sartori, G. (2003), Videopolítica. Medios, información y democracia de sondeo, Ciudad de México, ITESM/FCE.

Waiton, S. (2010), “The Politics of Surveillance: Big Brother on Prozac” en Surveillance & Society.  Disponible en [http://www.surveillance-and-society.org]. Fecha de consulta: 12 de agosto del 2010.

Wondratschke, C. (2007), “Seguridad ciudadana y medios de comunicación en la Ciudad de México” en Los relatos periodísticos del crimen, Documento No. 2, Bogotá, Centro de Competencia en Comunicación para América Latina.